Todo apunta a que el gobernador Alfredo del Mazo no vetó el dictamen de la Cuenta Pública 2017 en los 30 días naturales a la notificación, como la Constitución local lo obliga, por lo que se entiende que se encuentra de acuerdo con el contenido -incluida la instauración del proceso de remoción del auditor superior-, admitió Maurilio Hernández, presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo).
El dictamen, fue aprobado el 30 de abril pasado, pero al día de hoy no ha sido promulgado en la Gaceta de Gobierno.
El artículo 59 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México establece que el gobernador “podrá formular observaciones a las leyes o decretos que expida la Legislatura y remitirlas para su discusión y, en su caso, aprobación dentro de los treinta días naturales siguientes a su recepción”.
El además coordinador del grupo parlamentario de Morena expuso que el término comienza a correr a partir de la notificación del dictamen, lo que habría ocurrió el 3 de mayo, según algunas fuentes de la Secretaría de Asuntos Parlamentarios, de tal manera que el plazo para realizar observaciones concluyó el 2 de junio.
Hernández González indicó que hasta ayer no había recibido notificación de las observaciones; en ese entendido, aplica la afirmativa “ficta”; es decir, se da por hecho que el documento se promulgará.
El morenista precisó que, de cualquier manera, las disposiciones que se desprenden del dictamen siguen su curso de manera normal.
En tal virtud, destacó que ya se platicó al interior de la Jucopo sobre la mecánica legal para citar a comparecer al auditor superior, Fernando Baz, lo que se espera ocurra en estos días, para que la semana próxima desahogue su garantía de audiencia, pues la ley le otorga un plazo de cinco días para preparar su defensa.
A la fecha, expuso, Baz Ferreira no ha presentado su dimisión al cargo, como se le planteó, pero no se descarta que, como medida cautelar, se opte por su suspensión en tanto se desahoga el procedimiento de remoción en su contra para que las disposiciones emanadas del dictamen de la Cuenta Pública, entre ellas las auditorías especiales al ISSEMyM, ISEM, UAEMex, Cusaem y PAC sigan su curso sin ninguna sospecha por la pérdida de confianza en éste funcionario parlamentario.
“Se le ha solicitado la renuncia voluntaria, yo mismo (se la he planteado), no hemos tenido respuesta, lo que no significa que no se pueda dar en el proceso… Estamos en tiempo para revisar cuenta pública 2018”, dijo.
Lo importante, destacó el presidente del máximo órgano parlamentario local, es que no se violente absolutamente ningún precepto jurídico para resolver este asunto.
De cualquier manera, confió, el órgano Superior de Fiscalización del Estado de México sigue trabajando, y se tomarán las medidas graduales de organización para que no se detenga.
Maurilio Hernández aseguró que todos los coordinadores parlamentarios, incluido el del Partido Revolucionario Institucional (PRI), están en posición de resolver las cosas, pese a la ausencia de sus diputados en la reunión de evaluación realizada por la Comisión de Vigilancia la semana pasada; y confió en que hay coincidencia en que la decisión es irreversible.
“Solo estamos viendo cómo, le apostamos a que sea de manera amable, que pueda presentar su renuncia… El que no hayan estado no quiere decir que estén en desacuerdo”, dijo.
Hasta ahora, aseguró, en la mesa de la Junta no se ha planteado ningún desacuerdo con el proceso de remoción, pero durante la garantía de audiencia cada coordinador parlamentario tendrá oportunidad de manifestar sus opiniones.