La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) emitió la Recomendación 63/2020 al fiscal general de Justicia del Estado de México, Alejandro Gómez, y al presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México (Codhem), Jorge Olvera, por el desalojo y la detención de integrantes del movimiento Manada Periferia, que tomaron la Visitaduría de Ecatepec el pasado 10 de septiembre.
“Este organismo autónomo acreditó violaciones a los derechos humanos de libertad de reunión y al trato digno e integridad personal, atribuibles a elementos de la Policía de Investigación de esa Fiscalía en agravio de integrantes del Colectivo Ehécatl, en defensa de los derechos de las mujeres y Fundación Iris”, determinó la CNDH.
La Comisión precisó que la manifestación de éstos colectivos fue pacífica, y su único objetivo radicaba en “hacer valer sus peticiones y protestar por las acciones y omisiones de diversas autoridades del Estado de México, en la investigación de sus denuncias legítimas y conocer la verdad de los hechos ilícitos que se han cometido en contra de mujeres, niños, niñas y adolescentes”.
El órgano consideró que la Fiscalía mexiquense no buscó los canales de diálogo y soluciones a las quejas de las activistas; por el contrario, llegada la noche obstaculizó la libertad de reunión de las víctimas que permanecían en las instalaciones de la Codhem.
Además, indicó, “violentaron su derecho al trato digno e integridad personal al ser desalojadas de dicho recinto con uso excesivo de la fuerza, propinándoles alteraciones en su salud para someterlas, con lo que se apartaron del enfoque diferenciado y con perspectiva de género, además de omitir atender el derecho del interés superior de la niñez a fin de prevenir los hechos que se suscitaron”.
Por su parte, planteó, el personal de la Codhem omitió proteger y garantizar los derechos humanos de las personas manifestantes que se encontraban en sus instalaciones, al abandonarlas y no dar seguimiento a las medidas precautorias que, de forma verbal solicitaron a personal de la Fiscalía, para proteger a las niñas y niños que se encontraban acompañando a las y los manifestantes.
La CNDH también documentó continuidad en la violación al derecho a la integridad personal de las manifestantes por parte de elementos de la FGJEM, pues agredieron a las personas que acudieron a las instalaciones del Centro de Justicia en Atizapán de Zaragoza para preguntar por la situación jurídica de las manifestantes.
Por estas razones, la Comisión Nacional recomendó al fiscal y al ombudsperson mexiquense colaborar en la integración de la carpeta de investigación que se inicie por la denuncia que la CNDH realice contra quienes resulten responsables por ordenar e inferir agresiones a las víctimas.
También les pidió coadyuvar en la queja que se presente ante el Órgano Interno de Control en dicha dependencia, en contra de las personas servidoras públicas que intervinieron en los hechos relativos al desalojo, traslado y puesta a disposición, respectivamente, ante el Centro de Justicia de Atizapán de Zaragoza, y designar a un servidor público para dar seguimiento al cumplimiento de la Recomendación.
De igual manera, la FGJEM, en coordinación con la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas en la entidad, “deberá reparar integralmente el daño en términos de la Ley General de Víctimas, inscribir a las víctimas en el Registro Estatal de Víctimas y brindarles atención médica y psicológica. Además, deberá dar puntual seguimiento a las Carpetas de Investigación que se iniciaron con motivo de los hechos en contra de las manifestantes”.