De forma histórica, ante la falta de acuerdos sobre la solicitud de endeudamiento por 13 mil 500 millones de pesos del gobierno estatal para el año próximo, la Legislatura del Estado de México cerró su séptimo periodo ordinario de sesiones sin Paquete Fiscal 2021 y acordó dictaminarlo y aprobarlo en periodo extraordinario de sesiones.
La determinación, fue tomada primero por las comisiones de Planeación y Finanzas, con la ausencia de los diputados de los partidos Revolucionario Institucional (PRI), Acción Nacional (PAN), de la Revolución Democrática (PRD) y del Verde Ecologista (PVEM).
El análisis de la propuesta del Ejecutivo estatal se atoró en la solicitud de deuda por parte del gobernador Alfredo del Mazo, pues el grupo parlamentario de Morena consideró innecesario autorizar la petición, por lo que solicitó a la Secretaría de Finanzas elaborar una contrapropuesta que, a decir de Maurilio Hernández, presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), consistió siempre en la misma cantidad y criterios, pero con el uso de palabras sinónimas.
Incluso la última propuesta que se le envió poco antes de las 23:00 horas de este viernes (el periodo debía cerrar a más tardar a las 24:00 horas), planteaba dividir la autorización en dos montos de 6 mil 750 millones de pesos.
Al exponer la situación a los integrantes de las comisiones para tomar una decisión, Hernández González indicó que, en todo momento, el gobierno estatal defendió la necesidad del crédito para financiar proyectos de conexión aeroportuaria de la Federación.
Incluso, indicó que la administración estatal recurrió al cabildeo de funcionarios de las Secretarías de Gobernación (entre ellas su titular, Olga Sánchez Cordero) y de Hacienda y Crédito Público (el morenista refirió que Carlos Hernández, jefe de la oficina dependencia, le afirmó que la instrucción de autorizar el endeudamiento era del presidente Andrés Manuel López Obrador).
Hernández González aclaró que la oposición de los diputados locales al endeudamiento de ninguna manera es una oposición a los proyectos de la 4T, sino responde al convencimiento de que es innecesario el monto si esos recursos se obtienen de rubros no prioritarios para atender las necesidades y circunstancias actuales.
De autorizar la contratación de pasivos, alertó, la deuda pública del Estado de México pasaría de 43 mil millones a casi 70 mil millones, incluidos los saldos insolutos de los créditos a contratar.
El aplazamiento en la aprobación de las Leyes de Ingresos estatal y municipal, Presupuesto de Egresos, Código Financiero y demás aplicables, tuvo sustento en el artículo 61 de la Constitución local que obliga a aprobar los documentos a más tardar el 15 de diciembre, plazo que quedó saldado con la apertura de la sesión correspondiente y la inclusión de los dictámenes en el orden del día; después, se declaró receso, que finalmente fue cerrado este viernes con el acuerdo referido, aprobado por unanimidad de los presentes.
El mismo artículo prevé que, de no aprobarse los documentos en la fecha señalada, “seguirán en vigor hasta el 31 de enero del ejercicio fiscal inmediato siguiente los expedidos para el ejercicio fiscal inmediato anterior al de las iniciativas en discusión” (2020).
En el caso de la Ley de Ingresos del Estado, precisa la norma, sólo seguirán vigentes aquellos rubros que no se hayan visto afectados por la entrada en vigor de los ordenamientos legales correspondientes de carácter federal. En el caso del Presupuesto de Egresos, la extensión de su vigencia se entenderá referida únicamente a lo relativo al gasto corriente.
Además, “si llegado el 31 de enero no se hubiese aprobado la Ley de Ingresos del Estado o el Presupuesto de Egresos correspondientes al ejercicio fiscal en transcurso, o ambos, se turnará al pleno de la Legislatura para su votación la iniciativa que en su momento hubiese mandado el Titular del Ejecutivo.”