El grupo parlamentario del Partido Acción Nacional (PAN) propuso reformar la Ley de Educación del Estado de México, con el propósito de establecer becas mensuales por 1 737 pesos para niños, niñas y adolescentes en situación de orfandad, resultante de la pandemia de COVID-19, con el afán de garantizar que continúen sus estudios desde el nivel básico al superior.
La propuesta de las diputadas Karla Fiesco, Brenda Escamilla, Ingrid Schemelensky y el diputado Reneé Rodríguez, según la exposición de motivos, tiene el objetivo de proteger a este sector de la población, pues “la educación es un derecho humano instituido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 3º, donde se establece que toda persona tiene derecho a la educación y esta será garantizada por el Estado y sus diferentes niveles de gobierno, en el que se priorizará el interés superior de las niñas, niños, adolescentes y jóvenes en el acceso, permanencia y participación de los servicios educativos”.
Conforme al proyecto, la Secretaría de Educación estatal debe ser el conducto para la entrega del apoyo económico mensual equivalente a veinte días de Unidad de Medida y Actualización: “Esta propuesta ya es una realidad en Sinaloa, Tamaulipas y Aguascalientes, mientras que en la Ciudad de México se otorgará una beca a quienes hayan quedado en situación de orfandad por COVID-19; por ello tenemos que avanzar hacia políticas públicas que eviten la deserción escolar, pues sería un retroceso en el desarrollo de las futuras generaciones”, consideró Fiesco García.
En el Estado de México hay 2 millones 897 260 habitantes de entre 5 y 14 años, mientras 50% de los mexiquenses poseen ingresos inferiores de aquellos que marcan a la línea de pobreza -no les alcanza para comprar una canasta básica-, situación que empeora con la pandemia generada por el SARS-CoV-2, con lo que el número de pobres podría incrementar a 10 millones de pobladores.
El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) refiere que en México hay 1.6 millones de menores de edad en situación de orfandad -el segundo lugar en América Latina-, y la pandemia acentuará esta problemática, pues ha dejado grandes consecuencias, la más grave: la pérdida de vidas que, en territorio estatal, ya superan las ocho mil: “A ello se suman los efectos de la inseguridad, que se constituye como un nuevo factor de vulnerabilidad para la infancia. De acuerdo con el Secretariado Ejecutivo Nacional de Seguridad Pública, en el presente año se han registrado 2 009 homicidios en el Estado de México, mientras que de 2015 a 2019, se tiene un registro de 15 913”, expuso.
El Estado de México, lamentó, carece de una política pública específica y progresiva que apoye a este sector de gran vulnerabilidad: “Si bien, existen los Centros de Asistencia Social y el programa mediante el cual se otorgan becas a hijos de víctimas de feminicidio para garantizar su educación hasta la Universidad, nos queda claro que no es suficiente y existe un gran reto que debemos asumir en nuestro carácter de servidores públicos”, concluyó.