El Congreso mexiquense aprobó diversas reformas a la Ley Orgánica de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM), con el propósito de garantizar su autonomía también financiera.
A partir de las modificaciones, ya publicadas en el periódico oficial Gaceta de Gobierno, personal de la institución podrá iniciar y resolver procedimientos administrativos y de rescisión de contratos de adquisiciones, arrendamientos de bienes, contratación de servicios y ejecución de obra, actividades que anteriormente realizaba la Secretaría de Finanzas del Gobierno mexiquense, a pesar de que la Fiscalía es un órgano autónomo.
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Además, serán los servidores públicos de las unidades administrativas con función jurídico contenciosa de la FGJEM quienes asuman la representación de la institución, su titular y mandos en los procedimientos constitucionales, como el juicio de amparo o las controversias constitucionales, procedimientos contenciosos de cualquier naturaleza, y procesos administrativos.
Los cambios fueron promovidos por el actual titular de la dependencia, José Luis Cervantes, y causarán efecto a partir del ejercicio fiscal 2024, cuando el organismo público autónomo ejercerá recursos por más de 4 mil 933 millones de pesos (casi 5 mil millones).
El Presupuesto de Egresos de este año establece que la FGJEM está obligada a comunicar al Ejecutivo estatal el calendario de recursos asignados dentro los 15 días hábiles posteriores a la publicación del decreto del Paquete Fiscal, lo que ocurrió el pasado 28 de diciembre.
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El documento dispone que del total de recursos públicos asignados a la FGJEM, 90 millones se destinarán a fortalecer la atención de los delitos vinculados a la violencia de género.
De esta cifra, 22.5 millones son para la operación de la Unidad de Análisis y Contexto para la Investigación de Delitos Vinculados a Feminicidios, Homicidios Dolosos y Desapariciones de Niñas y Mujeres, y la Unidad de Análisis y Contexto para la Investigación y Persecución de Delitos en Materia de Desaparición Forzada de Personas y la Desaparición Cometida por Particulares.
Una cantidad similar (es decir, 22.5 millones) se destinará a la continuidad en la operación de los albergues para víctimas del delito de trata; otro monto igual será para dar seguimiento a las acciones consideradas en la Alerta por Violencia de Género contra las Mujeres por Feminicidio y otros 22.5 millones deberán utilizarse en la atención de la Alerta por Violencia de Género contra las Mujeres por Desaparición de niñas, adolescentes y mujeres.
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A partir de la reforma, la FGJEM será la encargada de administrar éstos recursos y deberá implementar los mecanismos para su operación, dándolos a conocer a través del Periódico Oficial a más tardar el último día hábil de febrero de este año.