Debido a que en cuatro años de existencia el sistema estatal anticorrupción no ha arrojado resultados, el grupo parlamentario de Morena propuso la creación de una Comisión legislativa para el Combate a la Corrupción, en el afán de investigar y sancionar la participación de servidores públicos mexiquenses en casos como los Panama Papers, Odebrecht, Braskem y Pemex, OHL, Estafa Maestra u obras públicas en obra negra, entre otras conductas anómalas.
La diputada Yesica Rojas Hernández, promotora de la iniciativa, lamentó que no haya sanciones a los servidores públicos mexiquenses involucrados en casos de paraísos fiscales, presunta defraudación fiscal, enriquecimiento ilícito, lavado de dinero, triangulación de recursos, delitos electorales, conflictos de interés, usurpación de funciones o sobornos en los sexenios de los expresidentes Felipe Calderón y Enrique Peña.
Entre los actos de corrupción impunes, además, enlistó los hospitales inconclusos desde el gobierno de Eruviel Ávila, a pesar de que se destinaron recursos suficientes para su construcción; en materia educativa, la probable participación de funcionarios de la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEM) en redes de desvío de recursos públicos mediante la contratación de empresas fantasmas; y los posibles sobornos de OHL a funcionarios estatales por concesiones como la del Viaducto Bicentenario con que se dañó, no sólo al erario, sino al bolsillo de los mexiquenses.
Las anomalías, lamentó, se conocen más por los periodistas que por el sistema anticorrupción que en 2021 contó con más de 450 millones de pesos en presupuesto y para 2022 pretende una cantidad mayor, pese a que “el derecho a la verdad no tiene precio”.
Rojas Hernández consideró que existe una deuda de justicia en nuestra entidad por la impunidad que prevalece en el ejercicio del servicio público, por lo que los diputados están obligados a atender de manera particular el combate a la corrupción, mediante la creación de una comisión legislativa específica, pues la materia actualmente se encuentra integrada a la Comisión de Transparencia.
El combate a la corrupción, destacó, es una demanda ciudadana que tiene como objetivo consolidar la confianza de la sociedad en la honestidad de su gobierno. Por ello, indicó, las instituciones que reciban recursos públicos deben ser vigiladas, fortaleciendo el derecho a la verdad, la justicia y seguridad jurídica.
Su correligionaria Rosario Elizalde secundó que hasta ahora no se han visto resoluciones ejemplares que sancionen administrativa y penalmente a quienes incurren en actos de corrupción; tampoco, dijo, hay vinculaciones a proceso ni condenas, fuera de los castigos a quienes omiten o no presentan en tiempo sus manifestaciones de bienes, lo que resulta insolente por los escándalos de corrupción que marcan al Estado de México.
Para la morenista, el aumento de las deudas públicas de los gobiernos se explica en las fallas del Estado, la corrupción, la inexistente cultura de la transparencia y rendición de cuentas, la falta límites y la ineficacia recaudatoria, por lo que también deberían ser sancionadas.