De aprobarse por el Congreso Local los dos nuevos impuestos en materia ambiental y el incremento desproporcionado del Impuesto sobre Emisiones Contaminantes, advierten una presentación en escalada de amparos.
Ante esta situación, Mauricio Massud Martínez, Presidente del Consejo de Cámaras y Asociaciones Empresariales del Estado de México hizo un nuevo llamado a los legisladores a la sensibilidad y el análisis técnico de las condiciones en las que se presenta la propuesta, ya que explicó, no hay criterios técnicos con los que se hayan definido los montos de cobro, no se cuentan con planes de aplicación de los recursos, programas de regularización de las empresas ni alguna medida que busque que quienes operan hoy en la irregularidad y contaminan, sean también sujetos obligados.
“Hoy el concepto de desarrollo económico con justicia social no solo está vigente, sino que es uno de los grandes retos y objetivos que tenemos de frente, y eso quiere decir que todos tengamos derechos y obligaciones, en este caso, se grava a los mismos, se limita la llegada de inversiones, se hace al final del año cuando las empresas han concluido sus proyecciones financieras y sin haber consultado al sector”.
Señaló que se han presentado las argumentaciones correspondientes y una propuesta que incluye la generación conjunta de una “Política Fiscal verde” que permita reducir las emisiones, la implementación de tecnologías sustentables, el etiquetado de los recursos recaudados desde el primer año solo para acciones relacionadas a programas ambientales y desarrollo de infraestructura industrial y un programa de incentivo a la implementación de procesos sustentables.
“En realidad lo que más nos preocupa es el mensaje de falta de certeza, justicia, transparencia y crecimiento que se lanza al exterior, las propuestas que se están analizando le dicen a las empresas que ya están establecidas en el Estado de México, y a las que quieren llegar, que no hay garantías sobre lo que puede pasar mañana, que hoy son 43 pesos pero mañana pueden ser 100 y después 200, que hoy son tres impuestos nuevos y mañana pueden ser cinco, que no es seguro traer sus capitales aquí.”
La aplicación de los gravámenes pueden significar incrementos en el costo de operación desde un 20 hasta un 40 por ciento dependiendo de la actividad que se realice y en muchos de los casos sacar de mercado a las unidades económicas contra Entidades en las que este impuesto aún no es aplicable.
Además considero que los impuestos planteados como iniciativa al Código Financiero del Estado de México, son incluso inconstitucionales, generan una doble tributación, son técnicamente imposibles de medir y aplicar y costosos para los procedimientos de las empresas y contravienen la Legislación Federal y la Ley de Equilibrio Ecológico que plantea que los impuestos al medio ambiente no pueden ser recaudatorios, en este caso claramente lo son.
“No queremos que la imagen del Estado de México, sea que hay que defenderse a través del amparo, por eso el llamado es a encontrar una mediación realmente efectiva”.
Finalmente recordó que los Organismos Empresariales son un órgano obligado de consulta de manera previa a la definición de las políticas públicas, no como reacción a ellas, situación que debe definirse como permanente en el ánimo de incrementar la competitividad y el desarrollo del Estado.