De acuerdo con el artículo 238, fracción II, del Código Penal del Estado de México, por el delito de lesiones podría alcanzar una pena de hasta 2 años de prisión; por abuso de autoridad, conforme al artículo 335, fracción I, hasta 9 años.
Los hechos ocurrieron el pasado 2 de mayo, cuando la funcionaria fue señalada por Miriam, psicóloga del DIF, quien denunció haber sido agredida físicamente dentro de las instalaciones por la propia alcaldesa, con apoyo de su hija y un elemento de la policía municipal.
De acuerdo con reportes preliminares, la detención se realizó en la comunidad de San Miguel Almaya. Hasta el cierre de esta edición, las autoridades no han precisado el delito que se le imputa.
Los manifestantes denunciaron que los trabajos y servicios dentro del Ayuntamiento están detenidos, y así continuarán hasta recibir una respuesta favorable del gobierno estatal.
También manifestó temor por posibles represalias, al considerar que las autoridades han sido omisas y no le han brindado protección.
La dinámica llamó la atención en redes sociales luego de que los padres compartieran la experiencia.
Esta comisión deberá notificar a la alcaldesa el inicio del procedimiento, citarla para una audiencia y, posteriormente, elaborar un dictamen.
Fuentes cercanas a la investigación confirmaron que ya se abrió una carpeta por estos hechos, aunque hasta el momento no se ha girado orden de aprehensión contra Hernández Herrera.
Los manifestantes señalaron que no permitirán el ingreso de la funcionaria hasta que las autoridades competentes intervengan para destituirla del cargo.
En un video publicado en Facebook, la presunta víctima —quien aparece con visibles moretones e hinchazón en rostro y boca— relató que el 2 de mayo fue agredida dentro de las instalaciones del DIF, donde trabaja.
