Este sábado 17 de enero quedará marcado en la historia al ser el primer día de la entrada en vigor del Tratado de Alta Mar, mediante el cual las aguas internacionales dejarán de ser “territorios sin ley”, y recibirán medidas de protección y conservación ambiental ante la actividad humana, como la pesca, el transporte o la minería.
Formalmente conocido como Acuerdo sobre la Conservación y el Uso Sostenible de la Diversidad Biológica Marina de las Áreas Fuera de la Jurisdicción Nacional, este tratado se acordó en marzo de 2023, tras dos décadas de intensas negociaciones y el visto bueno de 80 países.
Así, estas aguas dejarán de estar gestionadas bajo una serie de acuerdos y organismos internacionales sin una jurisdicción clara. Ahora, se podrá aplicar en ellas el Marco Mundial para la Biodiversidad de Kumming-Montreal, que compromete a los Gobiernos a proteger y conservar al menos el 30% de los océanos y restos de ecosistemas de la Tierra para 2030.
De igual manera, el Tratado de Alta Mar fija un marco común para el acceso y la utilización de los recursos genéticos marinos, incorporando el principio de reparto “justo y equitativo” de los beneficios derivados de su uso.
Aunado a lo anterior, define procedimientos multilaterales, criterios científicos y mecanismos de seguimiento para el control de áreas, situación que permitirá avanzar de forma efectiva hacia los compromisos internacionales de conservación marina, incluyendo el objetivo de proteger al menos el 30% del océano para finales de la década.
“(Tratado de Alta Mar) Su entrada en vigor supone un hito para el multilateralismo y para los años de dedicación, diálogo y ardua labor cooperativa de innumerables personas comprometidas en todo el mundo”, firmó en un comunicado Rena Lee, quien presidió las negociaciones.