En la primera recta del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador (diciembre de 2018 a agosto de 2021) se registraron 5 mil 762 denuncias en todo el país por delitos contra el medio ambiente, cifra que ya supera los ilícitos registrados en la segunda mitad de la administración encabezada por Enrique Peña Nieto (diciembre de 2015 a noviembre de 2018), cuando se contabilizaron 5 mil 356 casos, reveló el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).
Y es que aunque las denuncias disminuyeron en 2020 con la llegada de la pandemia derivada del nuevo Coronavirus, en lo que va del presente año las cifras parecen proyectar un nuevo aumento.
Tan solo entre enero y agosto del año pasado se registraron mil 331 reportes por delitos ambientales, mientras que en el mismo periodo de 2021 ya van mil 473. Por si fuera poco, la cifra podría ser mucho mayor debido a la ausencia de denuncias.
Es importante mencionar que los números del Secretariado no especifican el tipo de delito cometido, aunque hay de muchas clases.
De acuerdo con la legislación mexicana, los delitos ambientales suponen una serie de actos que dañan un ecosistema y provocan el desmejoramiento del ambiente; éstos se tipifican en los artículos 414 a 423 del Código Penal Federal.
Existen varios ejemplos, como realizar actividades haciendo uso de materiales o residuos peligrosos que dañen la salud pública, la flora o fauna silvestre, los recursos naturales o los ecosistemas; descargar contaminantes a la atmósfera; descargar aguas residuales, desechos o contaminantes en los suelos, aguas marinas, ríos, lagunas y aguas subterráneas; y destruir pantanos, humedales, lagunas o manglares.
También comerciar con especies endémicas o en peligro de extinción; provocar incendios; talar árboles sin la autorización correspondiente; e introducir al país flora o fauna que padezca enfermedades contagiosas o plagas; entre otros.