Carballo Gutiérrez arguyó que ya se había puesto al corriente con el pago de sus obligaciones alimentarias después de ser registrado como candidato
Dicha Plataforma fue presentada este lunes en las instalaciones de la Escuela Judicial donde se dieron a conocer los lineamientos para el registro de deudores
Coutollenc Buentello indicó que, para ser deudor alimentario, la condición es no haber pagado la pensión alimenticia, pero afirmó que su excandidato se encuentra al corriente de sus obligaciones. “La definición de ser deudor alimentario es que debas la pensión”, manifestó.
Apenas hace unos días, Karina Castillo, exesposa de Luis Alberto Carballo, pidió a la presidenta electa, Claudia Sheinbaum, y a la gobernadora Delfina Gómez una audiencia para evitar que el fuero de pevemista impidiera destrabar las demandas de pensión alimenticia y violencia familiar que hay en su contra.
También hicieron una llamada de atención a la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, para que no tenga en ningún momento un parámetro de tráfico de influencias con dichas figuras políticas, además de poner “un radar” importante en el seguimiento de las carpetas de investigación.
Las denuncias interpuestas son desde el año 2014, y exige se pague la parte proporcional de la manutención de sus hijos, pues el edil ha evadido su responsabilidad y sigue utilizando sus influencias.
La diputada Karina Labastida, autora de la iniciativa para modificar la Constitución, el Código Civil, la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes; la Ley del Notariado, la Ley del Trabajo de los Servidores Públicos, la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa y la Ley Orgánica del Poder Judicial, todas del Estado de México, también dispone como necesario para realizar diversos trámites y procedimientos presentar el certificado de NO inscripción en el Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias.
Dichos tendederos han ayudado a impulsar que los jueces se sientan presionados para que los niños puedan recibir su pensión que en muchos casos rebasa los 10 años.
El dictamen impide a deudores alimentarios o quienes enfrenten un proceso por violencia en contra de mujeres poder ocupar cargo, empleo o comisión del servicio público. Esto aplica a quienes tengan sentencias por delitos contra la vida y la integridad corporal; contra la libertad y seguridad sexuales, y el normal desarrollo psicosexual.
Las mujeres acudieron a la Legislatura mexiquense para promover la aprobación de la denominada “Ley Sabina” que obliga el pago de deudas alimenticias, que la prueba de paternidad que representa entre 10 y 15 mil pesos sea costeada por el padre, y la creación de padrones públicos de deudores alimentarios.
