Fue el jueves 23 de noviembre que la jueza Ana Lilia Osorno Arroyo declaró improcedente el recurso de la Fiscalía para hacer el embargo, asegurando que en 2012, año en el que el inmueble fue comprado, la Constitución “aún no contemplaba el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita “para que fuera procedente la acción de extinción de dominio”.
López Obrador insistió en su propuesta de que sea “el pueblo quien elija a los jueces, a los magistrados, a los ministros… Es importante que sean íntegros, incorruptibles. Si no, es una burla, todo el que tiene dinero, que tiene para comprar su inocencia, queda libre”, criticó.
Ana Lilia Osorno Arroyo, Jueza Segundo de Distrito en Materia de Extinción de Dominio, resolvió que es improcedente la demanda de extinción de dominio de la FGR para hacerse de la residencia de Lozoya ubicada en Lomas de Bezares.
Este domingo, a través de un comunicado, le FGR aseguró que “los Jueces de Distrito y Magistrados Federales han vuelto a evidenciar notoriamente su parcialidad e ilegalidad a favor de Emilio ‘L’, y en contra de las víctimas que son el Estado mexicano y la empresa estatal Pemex”.
El funcionario federal señaló al juez de distrito especializado en el sistema penal acusatorio del Reclusorio Norte, Gustavo Aquiles Villaseñor, de cesar la medida de prisión preventiva al abogado Juan Collado en su proceso por el delito de defraudación fiscal, pese a que dijo que había reconocido el riesgo de fuga.
La dependencia afirmó que esta decisión judicial violó de forma flagrante el Código Nacional de Procedimientos Penales, de los artículos 186 al 190 que regulan el proceso para los acuerdos reparatorios.
El exfuncionario en el sexenio de Enrique Peña Nieto seguirá preso en el Reclusorio Norte, porque tiene pendiente el proceso penal por los presuntos sobornos de la constructora brasileña Odebrecht, en el que se le impuso la prisión preventiva justificada.
Gilda Lozoya, hermana de Emilio Lozoya, está acusada de su posible participación en los delitos de asociación delictuosa y operaciones con recursos de procedencia ilícita
El Presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que es justa la reparación del daño de 30 millones de dólares que exigen Pemex y FGR a Emilio Lozoya para llevar su proceso en libertad.
Ni la UIF ni Pemex ni la Fiscalía General de la República (FGR) pudieron fundamentar por qué casi triplicaban la exigencia, por lo cual el juez Gerardo Alarcón López suspendió la audiencia intermedia, que se desahogaba en el Centro de Justicia Penal Federal con sede en el Reclusorio Norte de la Ciudad de México.
