Rogel Fajardo anunció que será el próximo viernes 30 de mayo cuando el Consejo Universitario sesione para definir las posibles rutas a seguir: la reposición del proceso electoral, su reanudación o el levantamiento del paro.
Los firmantes representan a 21 facultades universitarias, entre ellas: Antropología, Diseño, Artes, Ciencias, Ciencias Agrícolas, Ciencias de la Conducta, Ciencias Políticas, Contaduría, Derecho, Economía, Enfermería y Obstetricia, Geografía, Humanidades, Ingeniería, Lenguas, Medicina, Medicina Veterinaria, Odontología, Planeación Urbana, Química, y Turismo y Gastronomía.
Los alumnos demandan la renuncia inmediata del rector, la anulación del actual proceso de sucesión, voto universal en la elección de autoridades y comedores subsidiados.
En un video difundido en sus plataformas, el rector presentó a dos peritos independientes que afirmaron que el registro sonoro carece de veracidad.
Aunque en una votación previa realizada el pasado 24 de abril la mayoría se pronunció a favor del paro mediante voto a mano alzada, la Asamblea determinó convocar a una nueva votación para ampliar la participación de la comunidad y evitar posibles sesgos.
La declaración se dio en respuesta al escándalo derivado de la filtración de un audio en el que presuntamente se escucha a Barrera advertir que, si su candidata no gana, dejará las arcas universitarias vacías.
El mensaje incluye una aparente recomendación para que las demás aspirantes, incluida Patricia Zarza Delgado, no hagan promesas, pues no habría recursos para cumplirlas.
Entre los principales señalamientos, la publicación advierte que con el voto electrónico, las autoridades universitarias podrían conocer quién, dónde y por quién votó cada integrante, lo que abre la puerta a represalias y persecución política.
Aunque no se especificó si la suspensión de los profesores es temporal o definitiva, se confirmó que se ha iniciado una investigación de oficio sobre los hechos.
Mediante un pronunciamiento público, el órgano solicitó al Consejo Universitario y a las autoridades competentes que se garantice el ejercicio pleno de la libertad de expresión
