Los hechos ocurrieron en la colonia Centro, durante labores de vigilancia del operativo ARGOS, cuando los tripulantes de una camioneta intentaron evadir un dispositivo de seguridad al acelerar la marcha tras notar la presencia policial, lo que derivó en una breve persecución.
Los magistrados resolvieron el Juicio General 109/2025, promovido por Sarita Arellano Hernández, presidenta municipal por ministerio de ley, junto con otros integrantes del cabildo, quienes impugnaron la resolución del TEEM que ordenaba incluir en el orden del día la propuesta de Selenne “N” para que el cuarto regidor asumiera la sustitución.
El hecho ocurrió en la calle Ignacio Allende, en el Barrio de San Miguelito, donde elementos de la Secretaría de Seguridad estatal y la policía municipal detectaron a dos sujetos que, al notar la presencia policial, intentaron ocultar un arma.
De acuerdo con la investigación, el 2 de mayo de 2025 personal del DIF fue convocado a una reunión para evaluar las actividades del Día del Niño.
La agresión habría sido cometida en mayo pasado en agravio de la administración municipal y de Miriam “N”, psicóloga del Sistema Municipal DIF, a quien presuntamente agredió física y verbalmente.
A través de un comunicado difundido en redes sociales, Ortega Ortiz —maestra de profesión— informó que se ha mantenido atenta a la situación social y política del municipio, y aseguró que se mantendrá cercana a la ciudadanía para escuchar, comprender y acompañar sus demandas.
De acuerdo con el artículo 238, fracción II, del Código Penal del Estado de México, por el delito de lesiones podría alcanzar una pena de hasta 2 años de prisión; por abuso de autoridad, conforme al artículo 335, fracción I, hasta 9 años.
Los hechos ocurrieron el pasado 2 de mayo, cuando la funcionaria fue señalada por Miriam, psicóloga del DIF, quien denunció haber sido agredida físicamente dentro de las instalaciones por la propia alcaldesa, con apoyo de su hija y un elemento de la policía municipal.
De acuerdo con reportes preliminares, la detención se realizó en la comunidad de San Miguel Almaya. Hasta el cierre de esta edición, las autoridades no han precisado el delito que se le imputa.
Los manifestantes denunciaron que los trabajos y servicios dentro del Ayuntamiento están detenidos, y así continuarán hasta recibir una respuesta favorable del gobierno estatal.
